En diciembre de 2014 algunas organizaciones civiles latinoamericanas lanzaron el Manifiesto de Lima a París, con ocasión de la realización de la COP20.

Alertaba aquel documento sobre los impasses de la negociación que en principio debía llevarnos en París a un acuerdo general de tipo vinculante que respetara el límite de los 2º para la evolución climática de aquí a finales de siglo.

Destacaba también la falta de adecuación de una negociación conducida por los ministros de relaciones exteriores para tratar algo que, por el contrario, es extremadamente “doméstico”, enfatizando así en la divergencia de los intereses nacionales cuando en realidad la cuestión climática, que nos afecta a cada uno de nosotros en nuestra vida y en el futuro de su familia, debería constituir un paso decisivo para la toma de conciencia de una comunidad humana unida por un destino en común.

Mostraba asimismo la urgencia de terminar con esta “sociedad de irresponsabilidad ilimitada” que tenemos, enunciando claramente los principios de una Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas que funde la evolución del derecho internacional y reclamando su rápida adopción por parte de la comunidad internacional.

Señalaba, por último, que no hay abogados para defender la integridad del planeta y del clima, ni corte de justicia ante la cual defender su causa.

Un año más tarde se han hecho algunos avances. Los jefes de Estado se han movilizado, asumiendo así una causa común. Todos los Estados están ahora involucrados en la negociación y la mayoría de ellos ha expresado sus compromisos. La idea de cuotas generales y nacionales de emisión anual de gases de efecto invernadero ha llegado a ser incluso el objeto de intercambios oficiales con China. Al evocar la necesidad de una Carta de los Derechos Humanos, con los deberes que de allí se derivan para las sociedades, François Hollande dio un paso en el sentido de una Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas.

Sin embargo, las propuestas del Manifiesto, que encontrarán adjunto, son más actuales que nunca. Aunque todo el mundo esté hablando ahora de un acuerdo vinculante, no olvidemos que eso ya se hizo 20 años atrás y sabemos lo que pasó después al no haber una base jurídica sólida en el plano internacional que permitiera implicar la responsabilidad de los Estados, de los gobernantes y de las empresas cuyos “compromisos” no se han respetado.

El establecimiento de cuotas a escala mundial, nacional y regional todavía no se traduce en su consecuencia lógica, que sería la creación de una “moneda energía”, única herramienta que permitiría despegar el crecimiento del bienestar del consumo de energía, de modo tal que la afirmación de que “hay que proteger el clima garantizando al mismo tiempo un crecimiento económico sostenido” empiece a ser del orden de la esquizofrenia.

La última fase de la negociación previa a la conferencia, en Bonn, mostró a los gobiernos más divididos que nunca. Tal como lo admite la ONU misma, la suma de los “compromisos nacionales voluntarios” no nos lleva ni cerca del compromiso común de limitar a 2º el aumento de las temperaturas de aquí a finales de siglo.

La iniciativa del presidente francés de lanzar una Carta de los derechos de la humanidad es respetable pero, al hablar de los deberes de nuestras sociedades, la Carta disfraza la ausencia actual de un derecho de la responsabilidad sobre el cual apoyarse para hacer que esos deberes se cumplan de manera efectiva. A falta de una retención en origen sobre la energía fósil a escala mundial, las negociaciones sobre el financiamiento de la ayuda a los países en desarrollo para permitirles inventar otro modo de desarrollo se complican.

Es por ello que deseo compartir con ustedes el texto del Manifiesto, al que adhiero plenamente, e invitarlos a asociarse a su llamado en pos de una Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas, cuya propuesta también encontrarán en adjunto.